El primer español en
asentarse en Huehuetenango como propietario terrateniente, fue Juan de Espinar.
Desde 1525, cuando recibió su encomienda, se dio cuenta del potencial de la
tierra, dedicándose, por tanto, a la crianza de ganado importado – reses,
ovejas, cerdos y otros animales de corral -, así como a la siembra de trigo
(semilla importada) y al aprovechamiento de milpas existentes en sus terrenos;
a lo que se agregaban las minas de plata de Chiantla. Hacia 1560, al final de
sus días, él era el mayor terrateniente de Huehuetenango, y el hombre más rico
en la región; toda la cumbre de Los Cuchumatanes le pertenecía. Su hacienda y
ranchos conexos fueron creciendo a través de compras a otros españoles y por la
apropiación arbitraria de tierras indígenas.
En 1530 Pedro de
Alvarado despojó de su encomienda en Huehuetenango al mencionado Juan de
Espinar, aduciendo que, por ser sastre, no tenía derecho al título de
encomendero. Además, se dedicó personalmente a la explotación de las minas de
oro en el río Cuilco, que quedaron agotadas un año después. Para el año 1531, cuando la Audiencia de
México ordenó a Pedro de Alvarado devolver a Juan de Espinar su encomienda
otorgada legítimamente, Huehuetenango se encontraba empobrecido, y su hacienda
saqueada por completo. Sin embargo, durante ese período, él descubrió una veta
de plata en Chiantla, única que se mantuvo bastante hasta su muerte, ocurrida
unos 30 años más tarde.
Durante el período de
gobierno de Alvarado, los indígenas repartidos entre los conquistadores vivían
en una condición prácticamente de esclavos, y los pueblos que les habían sido entregados
en esos repartimientos debían pagarles pesados tributos en alimentos,
materiales, servicios y fuerza de trabajo. Además, se trató de suprimir las
antiguas costumbres autóctonas y se persiguieron sus propias creencias.
Mientras gobernó, fueron bloqueados los intentos de la Iglesia por tratar de
aliviar en algo la miseria y postración de los indígenas. La posición de los conquistadores
provocó agrias polémicas con los religiosos, hasta que la disputa fue
finalmente resuelta por el Emperador Carlos V, quien promulgó las Leyes Nuevas,
o Leyes de Barcelona (1541 y 42).
A partir de estas
nuevas leyes se reconocieron los derechos de los indios, regulando el tributo y
el trabajo que se les podía exigir, y garantizando la propiedad comunal de sus
propias tierras. La promulgación de esta legislación se debe, en una medida
trascendental, a la influencia de Fray Bartolomé de Las Casas, Superior de la
Orden de Santo Domingo, Obispo de Chiapas. En el Reino de Guatemala los
principales impulsores fueron el Obispo Francisco Marroquín y la Real
Audiencia.
Cabe anotar que antes
de que Fray Bartolomé de Las Casas consiguiera que el Emperador emitiera esta
nueva legislación, los indígenas llegaron incluso a ser marcados con hierro por
sus propietarios. Este cambio legal provocó, sin embargo, nuevos conflictos
entre la Corona, los conquistadores y los indígenas despojados.
